Con participación de más de 150 personas provenientes de Bogotá, Soacha y 7 departamentos (Antioquia, Boyacá, Cauca, Guajira, Meta, Tolima y Santander) se realizó en Villa de Leyva, durante los días 25 a 27 de Abril, un Encuentro Nacional de Territorios y Resistencias Contra la Loco-Motora Minera. El objetivo central de este evento fue fortalecer la capacidad de las comunidades para proteger sus territorios contra esa desbordada política minera que tanto daño está causando en muchas regiones de nuestro país.
El nivel de amenaza y riesgos para el medio ambiente y las poblaciones es inmenso en términos de la extensión geográfica de los títulos mineros y licencias ambientales. Por tratarse de proyectos de mega-minería a cielo abierto, que implican remoción masiva de terrenos con sus bosques y cobertura vegetal, sus impactos en el medio ambiente son gigantescos. Catástrofes ambientales, como la ocurrida recientemente en el Casanare en la que murieron miles de reses y animales silvestres, han sacudido la opinión pública. Los daños a las fuentes de agua y ecosistemas estratégicos, la contaminación, la violación de derechos humanos y la corrupción de autoridades e instituciones del Estado, han dado lugar a una creciente resistencia por parte de múltiples organizaciones sociales: urbanas, campesinas, indígenas, afrodescendientes, juveniles y de mujeres. En muchas regiones las organizaciones existentes o nuevos colectivos han venido articulando esfuerzos. Por ejemplo: Santurbán en Santander, La Colosa en el Tolima, la COA en el occidente de Antioquia, el Macizo Colombiano en Cauca, las organizaciones del Casanare o las provincias de Alto Ricaurte y Sugamuxi en Boyacá. El reconocimiento de esta dinámica y la necesidad de fortalecerla fue lo que motivó la convocatoria del Encuentro Nacional por parte de la Unión Libre Ambiental (Bogotá) y organizaciones de la provincia del Alto Ricaurte (Boyacá), con el respaldo de varias organizaciones nacionales y regionales.
El Encuentro inició con la presentación de la estrategia denominada “Moratoria Minera” a cargo del abogado ambientalista Rafael Colmenares, que propone detener la expedición de títulos mineros y licencias ambientales hasta que se acuerde un conjunto de medidas preventivas. Y dos excelentes conferencias: una del profesor Héctor Moncayo sobre el contexto internacional que explica por qué en Colombia y otros países se impulsa la exportación de minerales; y una visión histórica de la problemática de los bosques y las guas a cargo del profesor Joaquín Molano.
Un segundo momento del Encuentro se dedicó a la presentación de 20 experiencias regionales y unas experiencias urbanas (en la periferia de Bogotá y Soacha), cuyos expositores fueron los líderes de dichos procesos. De esas presentaciones se destacan dos aspectos: la problemática que se está afrontando en los territorios; y las acciones de resistencia que se vienen desarrollando.
En cuanto a la problemática: es claro que por sus dimensiones territoriales (millones de hectáreas) y temporales (varias décadas), lo que está en marcha es una locomotora de “mega-minería” conducida por varias de las empresas multinacionales más poderosas del mundo; la subasta de los recursos minerales se ha hecho de manera silenciosa y amañada, a espaldas de las comunidades, engañándolas y acomodando los estudios de impacto ambiental y planes de manejo, con la complicidad de las autoridades ambientales; la minería ha sido una fuente de corrupción político administrativa porque las empresas sobornan alcaldes, concejales, miembros de la fuerza pública , funcionarios de las CAR y de otras entidades del Estado; la mayoría de las Corporaciones del Ambiente son fortines politiqueros y de corrupción; la minería ha estado asociada a dineros y grupos armados ilegales, por lo cual constituye una amenaza para las comunidades, especialmente para sus dirigentes, muchos de los cuales han sido asesinados o desaparecidos. El imaginario de que el oro, el petróleo y cualquier otro mineral era anteriormente símbolo de riqueza y prosperidad, ahora es visto como amenaza de pobreza, daños ambientales, corrupción, violencia y desorden social.
Qué hacer frente a tantos riesgos y amenazas de la loco-motora minera? En Encuentro Nacional fue prolífico en sus respuestas para el fortalecimiento de la resistencia por parte de la sociedad civil: el punto de partida es ser conscientes de que tenemos derechos y deberes para proteger la vida, los recursos naturales y los intereses colectivos por encima de las multinacionales; hacer uso de los mecanismos jurídicos, movilizar pacíficamente a las comunidades, conseguir el apoyo de los medios de comunicación, de la academia, de personalidades y organismos nacionales e internacionales, para obligar al Estado a cumplir su deber constitucional de proteger las riquezas naturales y culturales de la nación; y de manera enfática, pública y al más alto nivel, denunciar cualquier amenaza y violación de los derechos humanos por parte de las empresas, los grupos delincuenciales o la fuerza pública. En síntesis, desarrollar el poder ciudadano en contra del despojo de nuestra patria por parte de las multinacionales con la complicidad del Estado.
En cuanto a los pasos a seguir, las experiencias expuestas en el Encuentro Nacional, sugieren: articular las organizaciones existentes o crear instancias específicas de organización contra la locomotora minera; hacer una revisión de títulos mineros y licencias ambientales, como lo ha venido proponiendo la Moratoria Minera; estudiar a fondo y con mirada crítica la documentación de los proyectos mineros y la normatividad pertinente, para resistir con fortaleza argumentativa; alertar ampliamente a las comunidades sobre las actividades mineras que se proyectan en sus territorios y los perjuicios que acarrean; trazar planes de acción con objetivos muy precisos y con diversas estrategias eficaces: jurídicas, académicas, políticas, movilización social, medios de comunicación, ordenamiento territorial, etc.; movilizar a las comunidades pacíficamente pero con contundencia en actividades como marchas, foros, audiencias, asambleas públicas, cabildos abiertos, mesas de concertación, plantones, etc.; hacer gestión en procura de apoyo institucional; ocupar los espacios de participación disponibles, como los consejos directivos de las CAR, los POMCAS, los consejos ambientales y de planeación territorial, etc.; crear mesas de concertación con las entidades y autoridades del Estado, incluyendo los organismos de control, en las que estén representados los diferentes sectores y organizaciones sociales; insistir en las Consultas Populares, argumentando que la consulta es para proteger el territorio contra las actividades que afecten los intereses de la comunidad y los derechos de los propietarios del suelo.
El tercer momento del Encuentro fue la realización de 3 mesas de trabajo: estrategias, articulación organizativa y comunicaciones. El resultado final es la conformación de una red de resistencia contra la locomotora minera que estará poniendo en práctica y difundiendo hacia otras regiones los lineamientos y la ruta surgidos de este encuentro. Cada una de las experiencias representadas en el Encuentro funcionará como un nodo de dicha red para tratar de incidir en 3 escenarios: el político institucional, para que el Estado actúe como debe ser; el escenario académico para que las universidades y colegios contribuyan con el conocimiento y formación de recursos humanos que defiendan los territorios y la debida explotación de sus recursos naturales; y los medios de comunicación, para contrarrestar la desinformación y bloqueo de los grandes medios comerciales, TV, prensa y radio.
Finalmente, se asumió el compromiso de difundir en corto plazo los resultados del encuentro en cada una de las regiones de los participantes; realizar reuniones en los respectivos departamentos en un plazo de 6 meses; y empezar a trabajar hacia la realización de un segundo encuentro nacional dentro de un año o cuando el proceso lo amerite.
Red Nacional de Protección de Territorios Contra la Locomotora Minera